miércoles, 29 de junio de 2011

La AEDE no se mueve ni un milímetro de su posición en la negociación del convenio colectivo estatal.

Ya en la última reunión mantenida con la patronal de Prensa Diaria (AEDE) par ala negociación del Convenio colectivo de Prensa Diaria Estatal, constatamos que la negociación va a ser muy difícil y complicada, puesto que no se movió de sus posiciones y lo único novedoso es que plantea la subida salarial vinculada a la productividad.

Sobre este tema se cerró el debate de la reunión y los tres sindicatos que estaban en la mesa (CCOO, FeSP y UGT) dejaron clara su postura. Seguimos vinculando la subida salarial al IPC. Es imposible en este sector, como en otros muchos, calcular la productividad. En base a qué, ¿a las ventas?, ¿a la difusión?, ¿a la publicidad? Todas estas variables no están relacionadas directamente con la profesionalidad, ni el trabajo del trabajador de un medio de prensa. Incluso la propia AEDE reconoció que todavía no sabía muy bien como llevar a cabo esta relación y que buscaría fórmulas. Con respecto al resto de complementos dejaron claro que no contemplan ninguna subida.

En cuanto al tema de contratación y formación, insisten en que se aplique la reforma laboral para rebajar todas las condiciones favorables que existan en este convenio. Quieren que la movilidad funcional y geográfica sea libre. Y, por supuesto, que se suprima el plus dominical.

Los representantes de CCOO en la mesa de negociación han de valorar y apostarán por las cosas que se consideren más importantes para los trabajadores a los que representan y uno de los puntos más importantes es la subida salarial de IPC real.

Otro de los temas que se trató fue el de incluir a los colaboradores dentro de este convenio. En este sentido igual se puede hacer algún adelanto puesto que la AEDE no se negó en banda y dijo que se ajustase al colaborador a la pieza y no al colaborador estrella.

domingo, 12 de junio de 2011

CCOO y UGT impulsarán y reforzarán la negociación de los convenios ante la inminente entrada en vigor del Decreto.

CCOO y UGT entendemos el Real Decreto para la reforma de la negociación colectiva como una decisión unilateral del Gobierno, que no ha tenido en cuenta los consensos alcanzados durante el proceso de negociación desarrollado en los últimos meses por los interlocutores sociales, y que de hecho vulnera el texto del Acuerdo Social y Económico firmado el pasado 2 de febrero en el que se establece la autonomía colectiva de sindicatos y empresarios para la ordenación de esta materia.

Respecto a su contenido, aunque se mantiene la ultraactividad, es decir que no decaiga el convenio una vez finalizada su vigencia, UGT y CCOO creemos que:

  • Se profundiza en la línea de la reforma laboral aprobada el pasado año. No sólo no se corrigen las mayores atribuciones a la parte empresarial que introdujo esa reforma en materia de jornada, puesto de trabajo y descuelgue, sino que se amplían sus atribuciones. 
  • Se debilitan los convenios. CCOO y UGT apostábamos por el convenio de empresa, pero desde la estructura sectorial estatal o autonómica. El Decreto del Gobierno, en cambio, permite romper un convenio sectorial con uno de empresa en cualquier momento de la vigencia del de ámbito superior. Esta situación puede repercutir sobre la protección de derechos.
Además, la patronal había asumido en el proceso negociador tres garantías que no aparecen en el documento del Gobierno: que se comunicara a las comisiones paritarias del convenio sectorial superior a la empresa la apertura de ese convenio; que estuvieran presentes asesores sindicales firmantes del convenio y que sus condiciones no pudieran ser inferiores al convenio superior o sectorial.

  • No se avanza en la participación real de los representantes de los trabajadores en las empresas, que es donde se producen las relaciones laborales. Se atribuyen competencias a las comisiones paritarias que no son vinculantes y su papel tendrá que ser objeto de pacto entre las partes. El documento no recoge los avances de sindicatos y empresarios en materia de flexibilidad interna y la necesidad de conjugarla con participación de los representantes de los trabajadores. La propuesta del Gobierno contempla que los empresarios tengan ventajas en materia de flexibilidad y jornada, de bolsas de horas, y movilidad de puestos de trabajo. 
  • En materia de legitimidad, el gobierno abre la vía a los sindicatos corporativos, a través de convenios franja. UGT y CCOO defienden que el ámbito de negociación es el sector o la empresa, no los convenios de categoría. Ambos sindicatos advierten del peligro de este tipo de acuerdos que ya han tenido graves repercusiones económicas y sociales en nuestro país, como ha ocurrido con los controladores aéreos hace unos meses.
Actualizar y modernizar las relaciones laborales no se puede realizar sin los interlocutores sociales, por lo que la reforma del Gobierno se sitúa en un difícil equilibrio al carecer de un acuerdo entre partes en el ámbito interconfederal para desarrollar las materias básicas de la negociación colectiva: legitimación, ámbitos, vigencia, estructura, flexibilidad interna y resolución de conflictos.

CCOO y UGT consideran que, por el interés general del país y por el buen desarrollo de las relaciones laborales, va a ser necesario, y esperamos que así lo entienda la CEOE, recuperar el diálogo sobre la negociación colectiva. Y, ante la inminente entrada en vigor de la reforma, que introduce nuevas materias a trasladar a los convenios (distribución irregular de jornada, movilidad funcional…) es necesario impulsar y reforzar la negociación de los convenios colectivos para proteger los derechos de los trabajadores Finalmente, ambos sindicatos mantendrán encuentros con los grupos parlamentarios para corregir el proyecto del Gobierno.

jueves, 9 de junio de 2011

¿Qué pasa en La Voz? (IV)

El portavoz de la dirección de la empresa, el abogado Javier García Ruiz, ha comunicado a los representantes de los trabajadores en la reunión del pasado día 8 la ruptura de las negociaciones, alegando que es imposible llegar a un acuerdo.

La empresa propuso en su día entre 45 y 75 "desvinculaciones" con el fin de ahorrar 3,5 millones de euros, y ofreció prejubilaciones y bajas incentivadas  en los términos ya relatados en informaciones anteriores.

Pero, ¿qué se ha avanzado en este tiempo? Pues más bien poco, por no decir nada.
  • La propuesta realizada por el comité de empresa de mejorar las indemnizaciones para aquell@s trabajadores que quisieran darse voluntariamente de baja ha sido rechazada.
  • El total de 14 empleados mayores de 58 años que podrían adscribirse a una jubliación anticipada, no han recibido propuesta alguna por parte de la empresa y en cuanto a las bajas incentivadas, al no haber ofrecido condiciones más favorables, nadie ha optado por acogerse a este plan.
Dada esta circunstancia, las últimas palabras que los representantes de los trabajadores han obtenido por parte del abogado mediador, es que cuanto más tiempo pase peor será la situación de la empresa, y presumiblemente peores serán las condiciones de las indemnizaciones. De momento, los trabajadores se acogen al acuerdo firmado en octubre de 2009, según el cual a cambio de la reducción salarial del 3% se garantizaba el empleo hasta diciembre de 2011.

Creemos que las directrices decididas en el pasado Consejo de Administración de La Voz de Galicia están bastante claras, no se trata de buscar nuevas vias de negocio o de mejorar las ya existentes para incrementar el capítulo de ingresos, se trata simplemente de eliminar personal. La vía más rápida y más fácil para recortar gastos.

Continuaremos informando ....


viernes, 3 de junio de 2011

La CES, CCOO, y UGT exigen un cambio de rumbo de la política económica europea.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), en su reciente Congreso celebrado en Atenas, ha convocado a los trabajadores y trabajadoras europeos a participar en una nueva movilización sindical. El motivo general del llamamiento es la expresión del rechazo a las políticas económicas y sociales, impulsadas o impuestas por las instituciones de la Unión Europea, y la exigencia de un radical cambio de rumbo de las mismas en el incipiente gobierno económico de la UE. Las políticas de austeridad y ajuste presupuestario acompañadas de las llamadas “reformas estructurales”, iniciadas en mayo de 2010 y que van a ser consagradas en el Plan de gobernanza económica y el Pacto por el euro, no sólo son profundamente injustas, al hacer recaer todo el coste de la crisis sobre los trabajadores y las clases medias, sino que, además, son erróneas: han fracaso estrepitosamente en su propósito de poner fin a la crisis de las deudas soberanas de varios países (véase la situación actual y las perspectivas de Grecia, Irlanda y Portugal) y, en aquellos Estados miembros que las han aplicado con mayor rigor, como España, el resultado ha sido el mantenimiento o la recaída en la recesión y el fuerte aumento del desempleo.

La política que rechazamos parte del error de tener un único objetivo –reducir déficits y deudas públicas-, limitarse a ello en el peor momento –antes de la recuperación del crecimiento- y pretender alcanzarlo en un plazo de tiempo muy corto -2013-. Peores son los medios, que están produciendo un aumento de la pobreza y la desigualdad social en casi todos los países europeos: reducir y congelar salarios y pensiones, recortar fuertemente las inversiones públicas y las prestaciones sociales, aumentar sólo los impuestos indirectos y reformar la negociación colectiva en el sentido de debilitar su fuerza normativa, en particular la de los convenios sectoriales, maximizar la flexibilidad sin seguridad y debilitar la capacidad contractual de los sindicatos.

Nunca en la historia de la UE se habían promovido desde sus principales instituciones – Consejo, Comisión y Banco Central Europeo – unas políticas de signo tan conservador y ultraliberal. Nunca se había pretendido, en tan gran número de países, establecer simultáneamente tantas medidas que deterioran prestaciones e instituciones básicas de sus Estados de bienestar. Nunca hasta ahora se había utilizado la necesidad de financiación pública de los gobiernos nacionales para imponer políticas reaccionarias en campos en los que la UE no tiene competencias: políticas sociales, salarios y negociación colectiva.

Estas y otras decisiones políticas, como las que afectan a las migraciones, están fomentando el alejamiento de los ciudadanos de las instituciones europeas, fomentando el nacionalismo, la insolidaridad y la quiebra de la cohesión social y entre los Estados y, con todo ello, poniendo en serio riesgo el propio proyecto de integración, económica y política, de la UE.

UGT y CC OO han tenido que enfrentarse a la negativa influencia de la política económica y laboral de la UE en el diálogo social en España. El pasado año contribuyó al fracaso de la negociación sobre la reforma del mercado laboral y a los negativos contenidos de lo decretado por el Gobierno en esta materia, que llevaron a convocar la Huelga General del 29 de septiembre y, ahora, a promover la Iniciativa Legislativa Popular para rectificar lo promulgado. En estos días, las orientaciones del Pacto por el euro y las condiciones del plan de ajuste para el rescate financiero de Portugal han contribuido a que la patronal española, la CEOE, se desdijera de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación e hiciera fracasar las negociaciones sobre la reforma de la negociación colectiva.

CC OO y UGT han participado en todas las movilizaciones sindicales europeas que la CES ha convocado desde comienzos de 2010, por considerar que, hoy más que nunca, resulta necesario enfrentarse en el ámbito transnacional europeo a unas políticas que condicionan tan decisivamente la actuación de gobiernos y patronales en cada país. La CES ha convocado una nueva movilización sindical europea en las vísperas del debate en el plenario del Parlamento Europeo (22 y 23 de junio) del Plan de gobernanza económica y el Pacto por el euro, y de la Cumbre del Consejo Europeo (23 y 24 de junio). El 21 de junio se celebrará una euromanifestación en Luxemburgo en la que participarán delegaciones de CC OO y UGT. La CES ha llamado a que se realicen acciones públicas en las principales ciudades europeas (en Grecia se ha convocado una nueva huelga general, el 21 de junio).

La CES, UGT y CC OO pretenden que el mensaje de los trabajadores europeos a los responsables políticos sea claro: hay que cambiar el rumbo de la errónea y antisocial política económica europea; el fortalecimiento del gobierno europeo pasa por reforzar, y no atacar, su modelo social.

Además, en relación con el debate que tendrá lugar en el Parlamento Europeo, defendemos que:

  • Los avances logrados durante los trabajos del Comité de Asuntos Económicos sean preservados: hay que garantizar la autonomía de los interlocutores sociales, en particular en lo que respecta a los salarios y al marco de la negociación colectiva;
  • el gasto público en inversión sostenible sea independiente de las restricciones presupuestarias y no contabilice para la consecución de los objetivos de déficit;
  • el gobierno económico europeo incluya la armonización de la base fiscal y un tipo impositivo mínimo del impuesto de sociedades;
  • las inversiones en el desarrollo europeo y en las redes de infraestructuras y proyectos se financien mediante la emisión de eurobonos;
  • para hacer frente a las necesidades de financiación de los Estados miembros, de forma solidaria y a tipos de interés y plazos razonables, la UE debe emitir eurobonos hasta un valor equivalente al 60% del PIB de cada uno de ellos.
La CES, CC OO y UGT participan igualmente en la campaña internacional por la implantación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales (el 22 de junio se celebra una jornada mundial de apoyo a esta reivindicación). Hoy, ambas medidas resultan especialmente útiles para combatir la especulación financiera y la evasión fiscal y para obtener los ingresos necesarios para la realización de las políticas públicas que estamos preconizando.

Gobernar Europa tiene que significar trabajar por una Europa más social e inclusiva para todos los ciudadanos, especialmente para los jóvenes. El gobierno económico de la UE debe estar orientado al acceso a puestos de trabajo estables y de calidad, la promoción generalizada de la formación para todos, los salarios dignos, y una fuerte protección social. Se deben asegurar y defender el poder adquisitivo, el nivel de las pensiones y el acceso a unos servicios sociales de calidad.

UGT y CC OO hemos convocado una jornada de acción en España el 22 de junio. En ese día se celebrarán asambleas de delegados/as y concentraciones o manifestaciones en numerosas ciudades españolas. Las concentraciones o manifestaciones se convocarán ante las Delegaciones del Gobierno y, en Madrid, concluirá ante el Ministerio de Trabajo.