Los servicios públicos son los principales instrumentos que determinan el desenvolvimiento y la calidad de un estado de bienestar.
De ellos depende la gratuidad, la calidad y la universalidad de la educación, de la sanidad y unos servicios sociales que atiendan a las personas y desvuelvan la ley de dependencia.
Los servicios públicos satisfacen las necesidades más básicas de la ciudadanía en condiciones de acceso universal, no discriminatorio y de costo accesible.
Los servicios públicos vertebran la sociedad y garantizan la igualdad de las personas, asegurando una mayor cohesión social.
No se puede renunciar al mantenimiento y mejora de los servicios públicos, por ello EXIGE:
- El mantenimiento de la titularidad pública de los servicios que no fueron privatizados o cuya gestión no se externalizó.
- La reversión a la titularidad de la gestión pública directa en los casos en que el carácter universal del servicio público se vea gravemente amenazado.
- Mecanismos de regulación y control democrático de los servicios públicos gestionados por la iniciativa privada, para garantizar una prestación de calidad.
- Que se garantice el acceso a la ciudadanía a los servicios de interés general y que se mantenga y mejore su calidad.
- La financiación suficiente para que no los declaren ineficaces y justifiquen su privatización.
- La prioridad de invertir en la escolarización de 0 a 3 años, en la atención primaria, en los servicios sociales básicos, en la atención a la dependencia, ya que son servicios más necesarios y con mayor potencialidad para generar empleo.
